El Tribunal Supremo llegó ayer a la conclusión, después de tres días de intenso debate, de que "no existe el derecho a la objeción de conciencia" para Educación para la Ciudadanía, y añadió que tampoco es cierta la razón que han esgrimido algunos padres para objetar: la asignatura no vulnera el derecho a la formación religiosa de sus hijos. El fallo obligará a regresar a clase a 500 alumnos andaluces.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue el primer órgano judicial de España que avaló las tesis de las familias que se negaban a que sus hijos aprendieran Educación para la Ciudadanía (EpC). Dijeron que la asignatura se entrometía en la formación moral de los críos y vulneraba el derecho de sus padres a educarles en el pensamiento religioso. Un año después de aquella sentencia, el Tribunal Supremo ha recogido los argumentos del TSJA y les ha dado la vuelta como si fueran un calcetín: "El Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y ha establecido que los Decretos examinados, ambos referentes a Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Los 30 jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo han pasado dos días y medio deliberando sobre EpC. Después de 20 horas de debate, los magistrados abrieron la puerta e hicieron público un breve comunicado con sus conclusiones: Ciudadanía está dentro de la legalidad y objetar a la asignatura no.
Las sentencias están aún pendientes de redactar, de manera que los argumentos jurídicos del Supremo no se conocerán hasta dentro de unos días. De momento, la resolución niega el derecho a la objeción sólo en los casos concretos que ha estudiado el Supremo -tres de Asturias y uno de Andalucía-, lo cual no significa que no se pueda objetar a EpC por otras razones distintas a las planteadas.
Sin embargo, para entender por qué los padres reclamaban que sus hijos no asistieran a EpC, los jueces del Supremo han tenido que entrar en el fondo del asunto y estudiar la asignatura para ver si, efectivamente, había contenidos ideológicos que podían servir para adoctrinar a los alumnos. Quizá las sentencias incluyan matices sobre algunos contenidos concretos de la materia, y "se recomiende al Gobierno modificar los aspectos susceptibles de ser manipulados por profesores o editoriales de los libros de texto", aseguran fuentes del tribunal. Pero lo que ya se ha desechado de plano es la tesis mayor, sostenida por la Iglesia: que Ciudadanía lesiona el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. En Andalucía, la asociación conservadora Profesionales por la Ética, el Foro de la Familia y el abogado Carlos Seco (PP) han reproducido una y otra vez ese mismo argumento jurídico en todos los recursos que han presentado, a sabiendas de que el TSJA defendería con rotundidad la objeción a EpC. Ese argumento ha quedado invalidado. El fallo obligará a miles de estudiantes objetores -500 en Andalucía- a regresar a clase y examinarse de la materia. Sus padres recurrirán el fallo al Constitucional, y después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Ministerio de Educación aseguró ayer que el fallo del Supremo, que unifica la doctrina sobre Ciudadanía, servirá para desmontar todas las objeciones que se han presentado en distintos tribunales del país. La ministra Mercedes Cabrera compareció para decir que el ministerio convocará a las consejerías de Educación de todas las comunidades para buscar la forma de que "estos niños recuperen los conocimientos que no han recibido en estos meses y puedan superar la asignatura".
