El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado las diligencias abiertas en relación con la querella penal del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los miembros del Gobierno autonómico por un presunto delito de "prevaricación administrativa". La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, se apoyó ayer en el auto para justificar que el decreto ley que reformará la administración andaluza no viola los derechos de los trabajadores. La norma, según Moreno, es "inocua" para los derechos de los funcionarios. "No nos preocupa que un sindicato esté en contra del decreto. Nos preocupa que muchos empleados públicos están intranquilos y no nos creen. Hay malestar y queremos que el debate aporte serenidad", dijo.
El TSJA alega primero no tener competencias para juzgar la querella del sindicato contra Griñán, algo que dependería del Supremo. Luego añade que el dictar un decreto ley "es un acto legislativo, no administrativo", que por tanto sí compete al presidente de la Junta y "no puede de ninguna manera fundamentar la imputación de un delito de prevaricación administrativa". En realidad, el Alto Tribunal andaluz se abstiene de entrar en el fondo del asunto. Es la segunda resolución que avala el decreto ley. La primera fue la negativa del Defensor del Pueblo estatal a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la administración andaluza, como le había pedido su homólogo andaluz. El decreto, decía, "no se conculca el derecho constitucional de libertad sindical, ni se vulnera la negociación colectiva ni se conculcan los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público".
