La abogada del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, imputado y pieza clave en el caso de las supuestas irregularidades en los ERE, presentó el viernes un escrito en el juzgado que investiga el caso denunciando presiones policiales hacia su cliente para que declarase en contra de sus intereses.
Javier Guerrero prestó declaración ante la Policía en contra del criterio de su abogada y en su testimonio tuvo que ser asistido por un letrado de oficio, adelantó ayer la Cadena Ser. Guerrero declaró que sus decisiones en la concesión de ayudas directas a empresas en crisis del llamado "fondo de reptiles" de 647 millones de euros venían avaladas por los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera.
El viernes pasado, el ex director general de Trabajo acudió a declarar a las dependencias de la Policía Nacional en Blas Infante (Sevilla). A principios de semana había recibido un burofax de la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, informándole de que pronto sería llamado a declarar en calidad de imputado por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
El interrogatorio tuvo lugar en las dependencias del cuartel con tres personas presentes: Guerrero, su abogada y el jefe de la brigada de la Policía adscrita a los juzgados.
En el escrito de denuncia que la abogada presentaría más tarde en el juzgado, y al que ha tenido acceso este periódico, consta que el jefe de Policía empezó diciéndole a Guerrero:
"Como quedamos ayer, vas a declarar sobre los puntos que te dije". Dado lo "irregular de la situación", la abogada, que había aconsejado a su defendido no hablar hasta conocer los detalles de su imputación, se negó a que éste prestara declaración. "El inspector, enfurecido, arremetió verbalmente contra esta letrada y me dice que abandone de inmediato el despacho. Ante mi negativa, comienza a proferir todo tipo de gritos llegando a amenazarme con ordenar mi detención", reza el escrito de la abogada.
Según el relato, varios agentes aconsejan a la letrada abandonar el despacho. Guerrero, "aunque aterrorizado", la acompaña, pero el inspector vuelve a meterlo en su despacho y cuando sale le explica a su abogada que "el inspector le había dicho que si no declaraba lo dejaba detenido en los calabozos". Guerrero aceptó declarar y su abogada se negó a firmar dicha declaración. Ella abandonó las dependencias policiales a la media hora de haber entrado (10.30), mientras que su cliente estuvo hasta las seis de la tarde. "Se me ha impedido ejercer la labor profesional (...) El miedo del que era preso mi cliente le ha hecho permanecer en dependencias policiales haciendo caso omiso a las recomendaciones de la defensa", concluye el escrito.
Un abogado de oficio asistió a Javier Guerrero en su declaración ante la Policía, mientras su abogada se dirigió al juzgado para hacer constar en un escrito ante la jueza la "presión policial" a la que había sido sometido. "Si se toman las declaraciones de esta manera, se están vulnerando derechos fundamentales, y podrían estar reventando una investigación en curso", explicó ayer. Este periódico intentó recabar la versión de la Policía, que no quiso confirmar ni desmentir el relato de la abogada.
La trama. El juzgado de Instrucción número 6, que dirige la jueza Mercedes Alaya, está investigando la supuesta trama de irregularidades en prejubilaciones y ayudas directas a empresas pagadas con fondos públicos entre 2001 y 2010. Durante ese periodo, la Junta usó un procedimiento paralelo al oficial para otorgar subvenciones: en vez de hacerlo a través de la Consejería de Empleo, se usó la empresa pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).
En ese circuito paralelo, la Junta ha detectado y remitido a la juez 146 anomalías en los ERE (expedientes de regulación de empleo), de las cuales sobresale el caso de 59 prejubilados en empresas donde nunca habían trabajado (los llamados intrusos o jubilados fantasmas).
