El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, defendió ayer en la comisión parlamentaria de Justicia la despenalización de las faltas como la vía más eficaz para aliviar la carga de trabajo de los juzgados en asuntos menores. García Calderón calcula que esta medida, prevista en la reforma penal anunciada por el ministro de Justicia, Alferto Ruiz Gallardón, evitará hasta 600 juicios al día en Andalucía, alrededor de 200.000 procesos al año, lo que permitirá "descongestionar la carga de trabajo en los juzgados".
La despenalización de faltas (hurtos, amenazas, lesiones...), que se convertirán en delitos penados con multa o serán perseguibles administrativamente, es una demanda histórica de abogados, jueces y fiscales. Permitirá que los asuntos menores no colapsen los juzgados ni resten tiempo de instrucción e investigación de casos más relevantes. Otros países europeos ya han despenalizado las faltas leves, que en lugar de ser enjuiciadas se tramitan con otras fórmulas más ágiles, como la mediación y el arbitraje.
En la Memoria de 2011 de la Fiscalía Superior andaluza, que García Calderón presentó ayer en el Parlamento, consta casi un millón de diligencias previas, "un inmenso volumen de asuntos" que se estrella contra "la falta de medios personales y materiales de los juzgados". Despenalizar las faltas supone "hacer desaparecer el libro tercero del Código Penal", y según el fiscal jefe de Andalucía, sería la decisión "más oportuna" dada la "precariedad y las carencias notables que padecemos".
La excesiva litigiosidad en España, y en Andalucía, se ha incrementado aún más con la crisis económica, sobre todo en los tribunales mercantiles y contenciosos administrativos. En 2010, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó el informe "Propuestas para la reducción de la litigiosidad". En dicho informe ya aparecía el exceso de juicios por faltas como uno de los problemas de la asfixia judicial, principalmente en los juzgados de instrucción que son los que tramitan estos casos. De 6,6 millones de juicios que tuvieron lugar en el orden penal en 2010, más del 50% (3,4 millones) fueron por faltas. El CGPJ proponía, entre otras medidas, despenalizar las faltas y ampliar las competencias de los jueces de paz para que puedan juzgar esos casos (que ahora dependen de los jueces de instrucción). El nuevo Código Penal, cuyo anteproyecto será presentado formalmente en los próximos días, introduce algunas de estas ideas.
Déficit de control público. El fiscal jefe hizo repaso por el índice de criminalidad que recopila la Memoria de 2011, y se detuvo en "las formas delictivas muy graves vinculadas con el manejo de los fondos públicos", cuyo exponente más notorio es el fraude de los ERE. "Apreciamos la necesidad de establecer controles administrativos más rigurosos", señaló.
García Calderón reconoció haber dado traslado a varios fiscales provinciales ciertas investigaciones sobre el "importante déficit en el control administrativo previo de los fondos públicos, así como en los órganos de fiscalización y control externo". El fiscal no dio detalles sobre dichas investigaciones, pero admitió que afectan tanto a las subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo (caso ERE) como a fondos públicos que tenían que destinarse a combatir el desempleo o a fortalecer el tejido empresarial, "aunque también hay otras partidas presupuestarias en las que se han iniciado investigaciones", aseguró.
El fiscal “comprende” la huelga de jueces
“Nuestras condiciones de trabajo son, a veces, impropias de un Estado de la UE”, dijo el fiscal jefe andaluz a los parlamentarios durante la comisión de Justicia. García Calderón dijo “comprender” las críticas de jueces y fiscales, que ayer mismo anunciaron “paros parciales” por la situación de “abandono” de la Administración de Justicia. “Es una obviedad” la existencia de un “déficit” en medios materiales y de personal, concluyó.
60.000 sentencias en un curso judicial
En 2011, la Fiscalía emitió 58.322 escritos de acusación (prácticamente las mismas sentencias: 57.000), de las que más de 23.000 fueron de conformidad gracias, según García Calderón, al sistema de enjuiciamiento rápido e inmediato. El fiscal explicó que, desde su implantación, este sistema ha creado “una enorme cantidad de sentencias con las que se consigue controlar retrasos en la investigación criminal”, pero también “se genera un problema con la ejecución de esas sentencias en la oficina judicial, pues los medios materiales y personales actuales no soportan una carga de trabajo de tanta envergadura”.
Alerta sobre el tráfico de menores
García Calderón también expuso su “preocupación” por un fenómeno criminal “de gran importancia” que va en aumento: el tráfico de seres humanos. “Es un fenómeno endémico, que no es estático, sino que se va modificando. Es una forma de crimen organizado muy desarrollada y que rinde grandes beneficios, y que afecta también al menor, por lo que requiere una cooperación institucional y transfronteriza”, advirtió.
