La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía acaba de dictar un decreto en el que señala las dos vías jurídicas que deben tomar las víctimas del fraude de las preferentes contra los bancos que les vendieron este complejo producto financiero, con objeto de recuperar el dinero de sus ahorros. Según la directriz del fiscal, los afectados por la adquisición de participaciones preferentes deben reclamar en los tribunales que "se declaren nulos los contratos suscritos en el que hayan vicios de consentimiento ante la falta o defectuosa información proporcionada" con clientes que, por su escasa formación o avanzada edad, no eran aptos para suscribir dichos acuerdos.
La hoja de ruta que señala el fiscal ya la han adoptado varios juzgados del país, anulando los contratos de algunos afectados, tras demostrarse que el cliente no era consciente de lo que contrataba. Estos hechos, según informa la Fiscalía en su decreto, pueden dar lugar a que se anule el contrato devolviendo a los afectados las cantidades invertidas, además de resarcirles por los perjuicios ocasionados. La otra vía que sugiere el Ministerio Fiscal es la penal, que deberán ejercer las personas que hayan sido víctimas de engaño, juzgándose como un caso de estafa bancaria e incluso falsedad documental y apropiación indebida.
La Secretaría General de Consumo, dependiente de la Consejería de Política Institucional y Administración Local, ha hecho una labor de mediación y arbitraje entre 388 afectados y el Ministerio Fiscal. Esta semana, los que denunciaron la supuesta estafa bancaria a través de Consumo han empezado a recibir una carta de la consejería detallando los pasos a seguir para cursar la denuncia. La Fiscalía General está derivando cada uno de esos casos a los fiscales provinciales de Andalucía.
La Asociación de Usuarios, Cajas y Seguros de España (Adicae) estima que en la comunidad andaluza hay contabilizados más de 65.000 afectados por el fraude de las preferentes (otras fuentes hablan de 100.000 víctimas, puesto que muchos aún desconocen que han comprado este activo financiero). Las llamadas participaciones preferentes son un producto sin fecha de vencimiento, en el que nunca estuvo garantizada la recuperación del dinero invertido. Sin embargo, todas las entidades bancarias -en Andalucía sobre todo La Caixa y Banca Cívica- las vendieron asegurando que no había ningún riesgo y que los clientes podrían retirar su dinero en cualquier momento. El 90% de esos 65.000 afectados en Andalucía tenían más de 80 años.
Devoluciones // La Fiscalía, que investiga de oficio la supuesta estafa bancaria desde el pasado verano, reconoce que "ha habido una mala praxis generalizada" por parte de las entidades financieras que comercializaron las preferentes, para lo cual se aprovecharon de la relación de confianza con sus clientes. Entre los incumplimientos, según consta en las investigaciones policiales, está el ninguneo de la directiva comunitaria europea que obliga a los bancos a realizar un examen a los clientes antes de venderles productos financieros considerados por los expertos como "activos financieros de carácter complejo y de alto riesgo". Entre los afectados hay clientes que firmaron el contrato con sus huellas dactilares (no sabían leer ni escribir), hay titulares a nombre de personas fallecidas o con alguna discapacidad o con una edad avanzada que no superaron el test de idoneidad.
El fiscal general de Andalucía, Jesús García Calderón, considera que el alto riesgo de las preferentes consistía en que se trataba de un producto que ofrece alta rentabilidad en los tramos iniciales, pero ésta va condicionada a que el banco obtenga beneficios importantes. Si éstos no se producen, como fue el caso, la participación empieza a devaluarse. Los bancos convencieron a sus clientes asegurándoles que podrían disponer del dinero en 24 horas. Lo que ocurría es que cuando un cliente prescindía de su participación, ésta se vendía en un circuito cerrado a otro cliente potencial. La burbuja estalló en 2011, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibió esta práctica, y obligó a los bancos a buscar a los nuevos compradores en un mercado secundario, mucho más volátil que la bolsa. El resultado: se bloquearon los ahorros de miles de personas.
Los afectados reclamaron la devolución de su dinero directamente a los bancos y cajas de ahorros. Pero sólo algunos han aceptado el reingreso, y sólo cuando se inició la investigación policial y el caso salió a la luz. Además de la nulidad de los contratos, la Fiscalía recomienda a los afectados exigir el cese inmediato de la conducta abusiva frente a los consumidores y prohibir que vuelva a producirse. Esta actuación pueden realizarla las asociaciones de consumidores y usuarios, el Ministerio Fiscal así como entidades de otros estados miembros de la UE que tengan entre sus funciones la defensa y protección de los intereses de los consumidores.
