El Gobierno andaluz pretende sancionar conductas discriminatorias hacia las personas con discapacidad y agravar las multas ya existentes. El anteproyecto de ley de los Derechos y la Atención a discapacitados, aprobado hoy en Consejo de Gobierno, recoge un nuevo régimen sancionador que va desde las faltas leves (entre 301 y 6.000 euros), por ejemplo si un establecimiento no tiene instalada una rampa de acceso para sillas de ruedas; faltas graves (entre 6.000 y 30.000 euros) en caso de que teatros, discotecas o aparcamientos no tengan espacios reservados para discapacitados; y faltas muy graves (entre 30.000 y 300.000 euros), como no permitir el acceso a un establecimiento privado a personas con síndrome de Down o cualquier tipo de discapacidad, como ocurrió recientemente en un hotel de Almería (un caso en el que la Junta está personada como acusación particular). La futura ley sustituye a una norma vigente desde 1999, e inicia ahora su largo trámite hasta ser aprobada en el Parlamento. Su ámbito de aplicación es mucho más extenso de lo que se piensa. En Andalucía hay más de 700.000 personas con alguna discapacidad física o psíquica, el 10% de la población. El 61% de ellos son mujeres, porque por regla general viven más que los hombres y la discapacidad está muy asociada a la vejez. En el 22% de los hogares andaluces al menos hay un discapacitado, según datos aportados por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Uno de los apartados más ambiciosos de la nueva ley es el que hace relación al empleo, habida cuenta que la tasa de desempleados en este colectivo afecta al 43,7% (un dato que tiene mucho que ver con los problemas de acceso y desarrollo educativo de discapacitados y el bajo nivel formativo que presentan). A partir de que se apruebe la nueva ley, la Junta reservará el 3% de plazas para discapacitados en cursos de formación para parados, el 5% en Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo y el 5% de sus contratos públicos en determinado puestos de trabajo, servicios como la logística, la jardinería o lavandería en centros especiales de empleo. Se trata de empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad y que actualmente suman 537 en toda Andalucía. La relación de tipos de contratos públicos reservados para discapacitados tendrá su propia regulación (vía decreto). La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha explicado que el listado se está elaborando con la participación de distintas consejerías del Gobierno andaluz, y ha garantizado que se ofertarán contratos que requieran una educación superior. Todos estos puestos requerirán una adaptación, porque muchos no están en condiciones ahora de ser ocupados por personas discapacitadas.
