Una jornalera recoge melocotones en una finca ubicada en la provincia de Sevilla. / Gregorio Barrera
El Gobierno regional, a través del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), es propietario de 20.000 hectáreas de tierra, algunas cedidas para su cultivo y otras no. Hace tres años, antes de que empezase el pacto de Gobierno PSOE-IU, la Junta aprobó la Ley 1/2011 de reordenación del sector público. El artículo 35 de la norma buscaba dar salida a parte de los terrenos (sólo los «no ocupados») «mediante la cesión a entidades públicas para fines de interés general o la enajenación a entidades públicas o personas físicas y jurídicas de carácter privado». El procedimiento que se utilizó a raíz de este artículo fue la subasta de las fincas del IARA, incluidas las que estaban ocupadas, también en este caso primando en la adquisición a los colonos que las trabajaban. Pero ni aún así se vendieron. La crisis y la falta de demanda paralizaron el plan de la Junta (sólo se le dio salida a un lote de fincas).
La coalición de izquierdas logró ayer introducir una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2015 que corrige ese artículo, para que las tierras propiedad de la Junta «ya no se subasten al mejor postor» y, en su lugar, se regulen medidas de carácter social para su cesión a pequeños agricultores. La enmienda de IU, que fue pactada, modificada y ampliada por otra del PSOE, sustituye la subasta por un procedimiento que garantice la «igualdad, concurrencia y publicidad» en la adjudicación de tierras, dando prioridad a entidades asociativas agrarias y a ayuntamientos en cuyos municipios se ubiquen las tierras. En el primer caso, los itulares privados podrán adquirir las fincas al precio tasado por la Consejería de Agricultura, y en el caso de los ayuntamientos, a un 30% inferior a esa cifra, siempre que presenten un proyecto rural ligado al territorio y enfocado a la creación de empleo.
Precio y rentabilidad. Todas las fincas del IARA aparecerán en un informe de diagnóstico que encargó la Junta a principios de año se destinaron tres millones en el Presupuesto de 2014 para elaborar el inventario que recogerá el precio de tasación y el tipo de rentabilidad.
La cesión de tierras deberá reglamentarse dando prioridad en la adquisición a los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria y tengan como objetivo proyectos que «vertebren el medio rural y sean generadores de empleo». También se priorizará el acceso a la tierra a agricultores y ganaderos que planifiquen modelos de explotación destinados a las producciones más respetuosas con el medio ambiente, como la ecológica o la integrada.
La función social que se le dé a esas tierras tendrá que plasmarse, el año que viene, en la futura ley integral de Agricultura, una norma más que prioritaria para IU, porque en ella espera ver recogida otra de sus grandes aspiraciones políticas para esta legislatura: el banco público de tierras. «Nuestra enmienda acaba con el sistema de subasta pública del PSOE y es la antesala al banco público de tierras», explica la diputada de IU, Lola Quintana.
La presidenta Susana Díaz enfrió el proyecto estrella de su socio nada más tomar posesión. Díaz no habla de un banco público de tierras, sino de un «observatorio» para hacer un diagnóstico de la situación de las fincas sin cultivar. Hasta ahora, el PSOE-A no se planteaba que la Junta gestionara las hectáreas sin explotar que posee y las vendiera a cooperativas, ayuntamientos y parados.
Cuatro millones para contratar a 200 maestros más El banco público de tierras es un proyecto de ley que IU consensuó con el sector del campo, pero que no está en la agenda política que comparte con sus socios. La coalición no renuncia a aprobarlo en este mandato, para lo cual debe convencer al PSOE. La enmienda de ayer, previsiblemente, abrirá un debate semántico-político similar al del ente público de crédito (versión socialista), también llamado banca pública (versión comunista). La ponencia de la comisión de Hacienda del Parlamento sobre el proyecto de ley de Presupuestos para 2015 incorporó ayer 22 enmiendas del PSOE-A al texto, ocho de las diez que presentó IU, y ninguna de las 450 planteadas por el PP-A. Las cuentas andaluzas para el año que viene serán aprobadas en el pleno de la Cámara del 22 y 23 de diciembre.
A la coalición de izquierdas se les ha quedado fuera las enmiendas que pedían un aumento de la presión fiscal para bingos y casinos. en cambio, logran desviar parte del presupuesto de los tablets en los colegios (cuatro millones) para contratar a más profesores, unos 200 más, según sus cálculos. También se unifican las tasas para oposiciones a educación, en consonancia con el coste de oposiciones para otros funcionarios, y se permitirá a la Cámara de Cuentas aumentar su plantilla a través de oposiciones, con el fin de intensificar su trabajo de fiscalización y control de las cuentas públicas (el órgano fiscalizador está pendiente de una reforma integral que le dote de más competencias). Entre las enmiendas del PSOE-A, destaca la reducción del coste de las convocatorias de acceso al cuerpo de profesores.
