El efecto inminente de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el decreto antidesahucios es que las 18 familias que se han salvado del desalojo la Junta expropió las viviendas a los bancos in extremis se encuentran ahora en situación ilegal dentro de sus casas. Una vez que la norma andaluza ha dejado de tener validez, las casas que ocupan son casas embargadas que vuelven a pertenecer a una entidad bancaria, y las familias aún soportan una pesada deuda de mora con los bancos y pueden ser deshauciadas en cualquier momento.
La consejera de Vivienda, Elena Cortés, encabezó ayer la protesta ciudadana ante las puertas de la subdelegación del Gobierno en Sevilla IU convocó manifestaciones en las ocho provincias y desde allí lanzó un mensaje de alerta que va más allá de las 18 familias afectadas: el Gobierno andaluz está convencido de que el decreto ha servido también como efecto disuasorio, mientras ha estado vigente los bancos han preferido sentarse a buscar alternativas al desahucio con las familias (sobre todo alquileres a precio social) para no darse de bruces con las expropiaciones de la Junta. Pero ahora, dijo Cortés, las entidades financieras vuelven a tener vía libre y por tanto es previsible que se multiplique el número de desalojos.
La consejera insistió en que el ritmo de ejecuciones hipotecarias desaceleró desde que el decreto entró en vigor el pasado abril, pero no ofreció datos que avalen esta tesis. Las familias han vuelto a una situación de vulnerabilidad. Le pido al PP que retire el recurso contra el decreto, para no causar tanto dolor y crueldad en los más débiles, aseguró. Algunos vecinos que han solicitado la expropiación se acercaron ayer a la consejera a preguntarle personalmente qué va a pasar ahora. Desde la consejería están convencidos de que ningún banco se atreverá ahora a desalojar a una de esas 18 familias de las viviendas que fueron expropiadas, en parte para evitar el impacto mediático negativo que tendría en la marca de esos bancos. Pero Cortés y su equipo fueron claros con las familias que ayer buscaban respuestas: la Junta hará un seguimiento exhaustivo de estas familias, pero ya la ley no está de su parte.
La protesta organizada por IU en Sevilla fue secundada por casi un centenar de personas. La Policía Nacional desplegó cuatro furgonetas para garantizar la seguridad del edificio, pero la manifestación fue pacífica y discurrió con normalidad. Los gritos y las pancartas decían lo mismo: Sí se puede, sí se puede.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, reiteró ayer que el Gobierno dialogará con la Junta pero no va a retirar el recurso interpuesto en el Constitucional al decreto. La norma fue convalidada en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. El PP se abstuvo, arguyó que el no sería recurrido por el Gobierno porque era innecesario, ya que la medida andaluza era una copia de la ley estatal. Crespo explicó que el Gobierno ha puesto en marcha medidas desde marzo para evitar los desahucios que de verdad son efectivas, que están haciendo que se paralicen desahucios en la comunidad, pero lo que no va a permitir es que haya desigualdad entre españoles e inseguridad jurídica no solo para las personas en general, sino para los desahuciados, de modo que se ponga en jaque a los propios perjudicados. La troika Comisión Europea, Banco Central y FMI ha avalado con un informe demoledor que España paralice el decreto. Sostiene que la norma andaluza puede hacer tambalear la estabilidad financiera del país, un objetivo por el que España ha recibido una inyección de 40.000 millones de euros.
