El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Foto: EFE
"El Gobierno andaluz no se considera juez y parte" en el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos. La Junta ha respondido al último auto de la jueza Mercedes Alaya, en el que cuestiona el papel de acusación particular del Gobierno andaluz en la causa, por ser "más propio de una defensa que de una acusación". El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, insiste en defender el recurso de la Administración contra el auto de imputación a 20 altos cargos de la Junta porque, reitera, los señalados en dicho auto podrían aprovechar los defectos de forma del escrito de Alaya para pedir la nulidad del proceso más adelante.
Pero Vázquez ha sido mucho más rotundo al defender la tesis principal de la Junta respecto al procedimiento de concesión de ayudas a parados, al que la jueza acusa de "uso indebido" que ha permitido el menoscabo de fondos públicos. El portavoz asegura que en el último auto "se reconoce por primera vez que las transferencias de financiación son un instrumento legal", amparado en la ley de presupuestos y aprobado en el Parlamento, y que ahora lo que cuestiona la magistrada es que los anexos al presupuesto estén también amparados por la ley y por la Cámara. La Junta defiende que sí, y la jueza cree que no. En cualquier caso, dice Vázquez, "esto ya no es un asunto de índole penal, sino más propio de expertos y catedráticos de derecho financiero y administrativo". "Nadie entiende que el anexo de personal e inversiones no forma parte del Presupuesto. Sin esos anexos no se pueden ejecutar" las cuentas andaluzas, sentenció.
