La Junta aprobó ayer en consejo de gobierno el decreto-ley que reordena el sector público con visos de lograr dos objetivos claros: ahorrar dinero y simplificar la estructura de los servicios para que, en lugar de estar en manos de una multitud dispersa de sociedades mercantiles poco transparentes, se concentren en macroagencias multifuncionales más controladas por el Gobierno.
Para lograrlo se han eliminado jurídicamente 111 entes públicos (de 255 que tiene la Junta) y se han transformado otros 16. La labor dispersa que desarrollaban esas empresas se agruparán en nueve macroagencias temáticas: en Agricultura y Pesca, en Obra Pública, en I+D+i dentro del ámbito universitario, en Innovación y Desarrollo y en Servicios Sociales y Dependencia (que ya existían pero absorben otras sociedades), en Empleo, en Salud, en Cultura y en Medio Ambiente. La transición del modelo antiguo al nuevo durará cinco meses, hasta el 31 de diciembre, fecha en la que las viejas empresas deben haberse extinguido jurídicamente para dar paso a las nuevas, con sus estatutos ya reformados. La consejera insistió en que este proceso será meramente administrativo y que ningún servicio público de cara a los ciudadanos quedará congelado.
sin escala de mando. Toda esta reforma, que será convalidada mañana en el Parlamento, supondrá un ahorro de 110 a 115 millones de euros en tres años. Ese dinero saldrá de la reducción de la escala de mando (se eliminarán 182 cargos directivos, que vuelven a sus puesto de origen) y de la estrategia para reducir la administración periférica. El Gobierno agrupará en un único edificio las sedes y subsedes de las entidades de aquellos municipios donde existían varias, reduciendo los gastos de alquiler y mantenimiento. Todavía no se ha decidido dónde se van a reubicar los entes públicos fusionados en grandes agencias. "Estarán en las capitales y en los núcleos de más de 100.000 habitantes, pero el plan de sedes todavía no se ha elaborado", explicó ayer la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. La reordenación del sector público afectará a 23.476 empleados que trabajan en las empresas que desaparecen o se transforman. La mayoría seguirá físicamente donde estaba y no perderá sus derechos adquiridos (antigüedad, traslados...). Fuentes del Gobierno aseguraron que menos del 10% tendrá que mudarse de ciudad cuando se concentren las sedes en las capitales, "y sólo de la cúpula directiva".
Aguayo dejó claro que "ningún empleo se perderá y se salvaguardará la seguridad jurídica de los trabajadores afectados". De ellos, 2.069 son personal funcionario; 1.474 pertenecen al personal laboral de la Junta y 19.933 son personal laboral que no es de la Junta. El plan supondrá un complicado ajuste de derechos laborales en el que se pretende respetar los convenios colectivos en vigor de las entidades que desaparecen. La integración de los funcionarios en una agencia pública empresarial será voluntaria. Estos conservarán su estatus laboral, les reconocerán el tiempo de servicio en la administración a efectos de antigüedad (también para pedir traslados) y los trienios en caso de que acepten quedarse en la agencia. El personal laboral se integrará en las entidades resultantes llevándose consigo los derechos que ya tenían y en cuanto al personal laboral de la Junta podrá participar en las convocatorias de concurso de traslados que se realicen en esta categoría durante los cinco años siguientes a su incorporación.
