Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver, el 7 de julio de 2010, tras la supuesta venta.
El informe de los administradores judiciales en el que califican de "doloso" o "culpable" el concurso de acreedores del Betis es demoledor contra los antiguos gestores del club, para los que se proponen indemnizaciones de más de 100 millones de euros en concepto de responsabilidad civil e inhabiltaciones de hasta 15 años para ejercer como administradores de cualquier compañía mercantil. De todos modos, la reclamación es solidaria, por lo que si paga uno se le descuenta la cantidad a los demás, por lo que la cifra máxima que sería reintegrada al Betis es de 29,5 millones de euros. Los ex consejeros deberán dirimir entre ellos las responsabilidades asumidas durante su gestión al frente del Betis, al tratarse de una reclamación solidaria, por lo que habrá que ver si la defensa del caso la afrontan de manera colectiva o individual, que es lo más probable.
Antonio González, Francisco Tato y Gerardo Narbona entregaron el pasado miércoles su informe de calificación en el juzgado y detalles del mismo los avanza este viernes Mateo González en alfinaldelapalmera y Abc.
Aparte de Lopera y Oliver, salen muy malparados en este informe otra serie de ex consejeros y el ex presidente José León -que fue quien introdujo a Lopera en el Betis en el ya lejano 1991-, para quien los concursales reclaman que devuelva al Betis 29,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, así como 15 años de inhabilitación. A Lopera se le pide que devuelva 23 millones e inhabilitación por 15 años, lo mismo que a Farusa, que estuvo representada en el consejo del Betis hasta 2009 por el abogado Luis Salcedo y luego por uno de sus sobrinos. Jaime Rodríguez Sacristán, que fue el último presidente del club antes de la llegada de Rafael Gordillo y José Antonio Bosch con las acciones judicializadas, se expone a una petición de indemnización de 6 millones de euros y 10 años de inhabilitación, lo mismo que el consejero Manuel Castaño, que si es inhabilitado no podría alcanzar la presidencia del club durante ese periodo pese a poseer un buen paquete de acciones.
A Luis Oliver y Ángel Vergara, supuestos compradores de las acciones de Lopera, se les pide una indemnización de 6,4 millones y 10 años de inhabilitación. Otra serie de consejeros como Luis Rementería y Joaquín Zulategui, que llegaron de la mano de Oliver, han recibido propuestas de inhabilitación durante ocho años, mientras que Rufino González, consejero desde la transformación del club en SAD en 1992 hasta que dimitió en octubre de 2010, también aparece en este listado.
Esta propuesta de los administradores ha de ser ahora suscrita o rechazada por el Ministerio Fiscal, que tiene un plazo de diez días para ello. Luego se abrirá el turno de alegaciones para los afectados y el titular del Juzgado nº 1 de lo Mercantil, Eduardo Gómez López, dictará sentencia. La sentencia se podrá recurrir luego ante la Audiencia Provincial. Un grupo de accionistas béticos presentó alegaciones en el juzgado para que el concurso fuera declarado culpable y reclamaba 25 millones de euros en indemnizaciones. Los concursales, tras un análisis detallado de las cuentas y todos los movimientos realizados en los dos últimos años, han elevado esa cantidad a 100,3 millones, una pesadísima losa que deja a los antiguos gestores en una situación delicadísima, aunque a algunos, como Luis Oliver, en paradero desconocido y al que algunas fuentes sitúan en Panamá, será complicado embargarle un céntimo por su declarada insolvencia.
A Luis Oliver, por cierto, aunque la justicia es incapaz de localizarlo para darle traslado de todos estos autos y denuncias, lo vieron hace unas semanas en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla junto a varios de los antes citados.
