Carlos Rojas en la sesión de control. / EFE
El Parlamento rechazó ayer con los votos en contra de PSOE e IU la creación de una comisión de investigación en torno al fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta, que ya están siendo investigados por la jueza del caso ERE, Mercedes Alaya. Es la tercera vez que los socios de Gobierno vetan una propuesta del PP para que la Cámara esclarezca las irregularidades en la concesión, gestión y justificación de las subvenciones otorgadas por la Junta y sus entes instrumentales en la formación profesional para el empleo durante el periodo 2004-2012 (la presidenta Susana Díaz estuvo ausente durante la votación). En lo que va de legislatura los populares han solicitado siete veces una comisión de investigación, y sólo ha salido adelante por unanimidad la del caso ERE.
Aunque el resultado de la votación era previsible, el PP-A se descolgó con el anuncio de que se personará como acusación en la causa que instruye Alaya sobre los cursos, igual que hicieron en el caso ERE mucho antes de que lo hiciera el Ejecutivo andaluz para tener acceso a la documentación que maneja la jueza, y que los populares también reclaman sin éxito a la Junta. El Gobierno andaluz ya está personado como acusación particular en el supuesto fraude de los cursos de UGT-A, con una figura legal, dicen, que se hace extensible a cualquier procedimiento judicial abierto que suponga menoscabo de fondos para la formación para el empleo.
«Estamos ante un macrofraude que bate records, porque supera al de los ERE, algo que ve todo el mundo menos el Gobierno andaluz», denunció Dolores López, diputada del PP-A y secretaria general del partido. Los populares denuncian que el fraude podría ascender a 3.000 millones de euros, que es la partida total de los fondos para la formación de empleo durante los años que investiga Alaya (desde 2001). El portavoz del PP-A, Carlos Rojas, acusó directamente a Susana Díaz de haber autorizado exoneraciones de ayudas para la formación sin justificar siendo consejera de la Presidencia en 2012 y 2013, algo que basan en que la Junta no les proporciona información al respecto. Esta acusación crispó a la presidenta andaluza: «¡Cuidado con las acusaciones que hace en esta Cámara. Las exoneraciones no existen. Exonerar es perdonar y este Gobierno no ha perdonado nada. Son excepciones». El fraude de los cursos se centra en empresas que recibían dinero público para impartirlos, pero luego no justificaban los objetivos para los que se les concedió la subvención. Aun así, esas empresas y entes (como UGT-A) siguieron optando y recibiendo nuevas ayudas, sin aclarar el uso de las subvenciones anteriores. La presidenta dice que la ley permite la exonerar, y que «exonerar es aplazar una justificación». No obstante, la Junta defiende que desde 2013 no se han vuelto a autorizar exoneraciones por orden expresa de Díaz.
El debate, como cabía esperar, terminó embarrando con la corrupción a todos los partidos políticos presentes. El PP también fue muy crítico con IU, a quien afeó que vetara la comisión de investigación para «agarrarse al sillón». El portavoz de la coalición, José Antonio Castro, denunció que «la corrupción se ha sistematizado», y enumeró casos que investigan en los tribunales a socialistas y populares. Castro cerró su discurso dejando la puerta abierta a apoyar la comisión que pide el PP-A «cuando lo consideren oportuno», una carta que le va a permitir negociar con su socio de Gobierno otros extremos.
