El Parlamento andaluz va a hablar con una sola voz en Madrid y en Bruselas. Los tres partidos con representación -PSOE, PP e IU- mantuvieron ayer la unidad política en contra de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que presentó el pasado 12 de octubre el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, y que los tres grupos consideran una "amenaza" para el campo andaluz.
La nueva PAC aportaría menos dinero a Andalucía en términos globales. Además prevé repartir las ayudas directas en función del número de hectáreas -se cultiven o no- y no del número de cosechas registradas. También obligaría al Estado a desviar el 30% de las ayudas comunitarias a políticas medioambientales, forzaría a los agricultores a dejar el 7% de su tierra sin cultivar y fija un tope de 300.000 euros de ayudas a familias (ahora podían recibir hasta tres millones).
La indignación de los tres grupos parlamentarios, y por extensión del sector agrícola, se concentra especialmente en uno de los puntos de la reforma: la tasa plana. La homologación de las ayudas para quien tenga tierras, con independencia de que las cultive o no, despierta un rechazo sin fisuras. Todos coinciden en que "va contra la productividad y la competitividad", y que "no contempla las características específicas del territorio andaluz", como el olivar, la dehesa o el regadío... Las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla serían las principales damnificadas por la nueva PAC, ya que ahora acaparan el 70% de las ayudas directas.
Durante el debate, los portavoces de los tres partidos repitieron el mismo mantra -"hay más cosas que nos unen que las que nos separan"- y por ese camino lograron sellar la "posición única andaluza", a pesar de que la sombra de las elecciones generales, que son dentro de tres semanas, motivó que se pasaran dos horas lanzándose dardos recriminatorios.
En total se presentaron 75 propuestas de resolución y fueron aprobadas 10 de IU (de 25), 23 del PP (de 26) y 24 del PSOE. Más de la mitad lograron el voto unánime de la Cámara. La mayoría de las propuestas ahondaban en el rechazo rígido al modelo propuesto, y apostaban por más subsidiariedad entre regiones, menos burocracia en la gestión de las ayudas y un trato diferenciado para los sectores más sensibles (olivar, algodón, remolacha...) La PAC se quedó ayer fuera del debate político. A partir de ahora la dialéctica será entre Andalucía, como un todo, y Bruselas.
El consenso de los tres partidos que se consolidó en el Parlamento es importante en términos políticos, porque el rifirrafe sobre la nueva PAC no ha hecho más que empezar. Los Veintisiete deben negociar hasta finales de 2013 para que entre en vigor en 2014. El modelo cuenta con el rechazo, no sólo del actual Gobierno español, sino de otros países como Francia o Alemania. Queda un año de dialéctica, y según las encuestas el Gobierno de España cambiará de signo político con la llegada del PP. El Parlamento ha dejado por escrito por qué el nuevo modelo es perjudicial para el campo andaluz, y cuáles son las propuestas para reconducir la política agraria, de la que dependen 280.000 agricultores y ganaderos, que representa un 8% del PIB andaluz, un 32% del PIB agrario nacional y el 12% del empleo de la comunidad.
El acuerdo entre PSOE, PP e IU compromete a los tres partidos andaluces con sus homólogos de Madrid, gobierne quien gobierne tras el 20-N. Por si había dudas, lo expresó con más claridad la consejera de Agricultura, Clara Aguilera: "Me quedo tranquila con el apoyo del PP, porque en el Consejo de Ministros de la UE y en el Parlamento europeo, los populares son mayoría".
El debate estuvo pintado de adjetivos apocalípticos para retratar cómo afectaría a Andalucía la nueva fórmula. El portavoz de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, lo calificó de "ataque a la línea de flotación de la agricultura mediterránea". La popular Isabel García Pelayo habló de "desmantelamiento del campo andaluz". "Es ilógico poner freno a nuestra capacidad productiva mientras otras regiones que compiten con nosotros explotan sus tierras" dijo. El socialista Luis Felipe Sicilia auguró "un trasvase de fondos de los países del Mediterráneo a los países del norte y de Europa del Este" y pidió "aplazar el debate hasta que la UE supere la crisis que atraviesa". Finalmente, la consejera vaticinó que hará "un daño irreparable" al sector. "Lo que nos plantea esta reforma de la PAC es si queremos que siga habiendo agricultores y ganaderos en Europa, eso es lo que tenemos que preguntarnos".
